La propuesta de unificar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior no ha logrado respaldo social. Al contrario, distintos sectores advierten que el plan abre la puerta a más burocracia y menos calidad en el sistema educativo dominicano.
Desde el magisterio, la alerta fue directa. Menegildo De La Rosa,
dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, afirmó que la iniciativa,
tal como fue planteada,
pone en juego los avances logrados en materia educativa y no responde a
una necesidad real del país.
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Críticas a una reestructuración sin justificación clara
El proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión en el Congreso Nacional, plantea fusionar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el argumento de hacer más eficiente la gestión educativa. Sin embargo, para De La Rosa, el efecto sería el contrario: centralizar funciones y debilitar los contrapesos institucionales.
De acuerdo con un documento de la Asociación Dominicana de Profesores,
la
fusión podría inflar la estructura administrativa del Estado, reducir los controles internos y crear condiciones favorables para
prácticas irregulares en el manejo de recursos.
Impacto institucional y órganos en riesgo
El
dirigente magisterial explicó que la propuesta no se limita a desaparecer el MESCYT. También
afectaría al Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad
Educativa, mientras que el Consejo Nacional de Educación perdería peso y
quedaría relegado a un rol meramente consultivo.
A juicio del gremio
docente, el Gobierno no ha presentado argumentos técnicos que demuestren
beneficios concretos para la calidad educativa. "No hay una explicación
creíble de qué se gana con esta fusión; lo que se percibe es un debilitamiento
de la institucionalidad", sostienen.
El debate del financiamiento educativo
De La Rosa recordó que el Plan Nacional de Desarrollo fija como meta que la inversión en educación alcance el 7 % del PIB. Sin embargo, denunció que incluso el 4 % vigente ha sufrido recortes en su ejecución, en parte por escándalos de corrupción que han golpeado las finanzas públicas.
En ese contexto, advirtió que pretender cubrir educación básica y
superior con los mismos fondos del 4 % significaría sacrificar áreas clave
como la investigación científica, la construcción de aulas y la ampliación de
la cobertura escolar.